La Federación Internacional de Periodistas (FIP) apoya la
solicitada emitida el día 12 de diciembre por la Confederación Sindical de
Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina –
COSITMECOS, confederación que integra su afiliado FATPREN, donde se denuncia la
amenaza que sufre la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
argentina.
La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (o
Ley de Medios, como se la conoce popularmente), es una iniciativa legislativa
aprobada en el año 2009 por el Congreso Nacional Argentina e impulsada por
numerosas organizaciones sociales, académicas y del sector de los trabajadores.
Esta alianza de fuerzas sociales, entre las cuales se encuentra COSITMECOS, se
encuentra organizada desde el retorno de la Democracia en la búsqueda de
generar los mecanismos para limitar la concentración de medios en grandes
corporaciones y abrir el espectro de radiodifusión a la participación de medios
alternativos y comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas,
pueblos originarios y universidades.
La Ley de Medios, en su vigencia actual, prevé la creación
de organismos tales como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, AFSCA
y la Defensoría del Público, a la vez que regula el funcionamiento y
distribución de las licencias de los medios de comunicaciones del país,
limitando la acumulación de las mismas y la propiedad cruzada de medios.
Además, se reserva el 33% del espectro a organizaciones sin fines de lucro.
Posteriormente a la sanción de la legislación, el Grupo
Clarín, uno de los mayores grupos económicos y mediáticos del país, se presentó
ante la justicia argentina con pedidos de inconstitucionalidad de la ley para
evitar su adecuación a la misma, reclamos que se extendieron hasta que en el
año 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina declaró su
correspondencia con la Constitución Nacional. Con este fallo, se inició el
proceso de aplicación efectiva de la ley y se establecieron plazos para que
todas las empresas de medios se adecúen a ella, debiendo algunos grupos
económicos desprenderse de licencias.
A dos años de la declaración de constitucionalidad de la
ley, en declaraciones realizadas a la emisora radial de Cadena 3, el titular
del recientemente creado Ministerio de Comunicaciones Oscar Aguad sostuvo que a
partir de ahora "Los medios van a competir libremente en el mercado y
trataremos de ayudar a los más pequeños, pero la regulación de la Ley de Medios
no va a subsistir en nuestro gobierno".
Del mismo modo, el gobierno electo pidió que el titular de
AFSCA, Martín Sabbatella, renuncie a su cargo pese a que la ley prevé mandatos
de cuatro años de duración con inicio a la mitad del mandato presidencial.
Según Hernán Lombardi, a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos, "Las leyes que previeron que haya un desfasaje de algunos
mandatos tienen su lógica, eso hace al equilibrio de fuerzas en un sistema
republicano. El problema es que estos funcionarios no honraron sus cargos y se
transformaron en funcionarios militantes.
El Gobierno va a tomar todos los
resortes para llevar adelante las misiones para las que fue elegido”. Por su
parte, el Ministro de Comunicaciones manifestó “Una ley del Congreso no puede
limitar la capacidad del Presidente. Es tan absurdo. Estamos viendo si la
semana que viene solucionamos este problema”.
La Federación Internacional de Periodistas alerta los
riesgos de un franco retroceso en la democratización de la palabra ante la
posibilidad de una modificación de la normativa vigente que implique la
desregulación de la concentración de medios.
La concentración de medios, en toda la región
latinoamericana, significa la limitación al derecho a la información y a la
pluralidad de voces. Resulta fundamental diferenciar la libertad de prensa de
la libertad de empresa, toda vez que la desregulación de los medios de
comunicación y el pleno arbitrio de las reglas del mercado en el sector
conllevan la generación de grandes empresas mediáticas; las cuales terminan por
concentrar no sólo las voces sino los puestos de trabajo,
Limitándose
finalmente la libertad de expresión de los trabajadores de la prensa y de la
sociedad en su conjunto.
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