* Se propone un límite al gasto anual en propaganda
gubernamental, el cual no deberá exceder del .o3 por ciento del gasto corriente
aprobado en el presupuesto federal o local
Ciudad de México.- El diputado federal Omar Ortega Álvarez
presentó una iniciativa de ley general de propaganda gubernamental, a fin de
regular, fiscalizar y vigilar la asignación, distribución, contratación y
contenidos de la comunicación gubernamental.
Su propuesta se refiere a la erogación que hagan
dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno en los medios
de comunicación, como prensa, televisión, radio, medios electrónicos, salas de
exhibición de cinematografía o infraestructura colocada en la vía pública.
Explicó que la iniciativa sería reglamentaria del artículo
134 de la Constitución Política y se puede resumir en 10 puntos esenciales en
los que se desarrollan las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
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| Diputado federal Omar Ortega Álvarez |
En un comunicado el también presidente del PRD en el estado de México, consideró que se carece de un marco
jurídico que establezca la vigilancia y fiscalización de los gastos que se
hacen en este rubro, además de que no se ha querido integrar a la discusión del
Sistema Nacional Anticorrupción, “por lo cual el PRD la pone en la mesa”.
El asimismo secretario de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción en el Palacio Legislativo de San Lázaro dijo que se prevé
articular un sistema de fiscalización de los gastos que encabece la ASF, en
coordinación con las entidades locales en la materia.
El fin es vigilar el destino y ejercicio de los recursos
correspondientes que hayan ejercido de manera directa o indirecta los gobiernos
federal y locales para gasto de propaganda y comunicación social, abundó el
legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Se establecerían restricciones a la propaganda gubernamental
para que no se incluya imagen, nombre, cargo, voz, símbolos de los servidores
públicos, características personales o logros de las actividades de los
servidores públicos, mensajes partidistas ni uso de colores patrios.
También a los mensajes que generen una invitación a las
agresiones, a la violencia de género, a la vulneración a los derechos humanos o
a la discriminación, o que pretendan influir en las preferencias electorales de
los ciudadanos o que sean denigrantes para las personas.
Ortega Álvarez abundó que con esta ley se reconoce un nuevo
ámbito de competencias, en el que la Secretaría de Gobernación administrará los
tiempos oficiales en radio y televisión, y la Auditoría Superior de la
Federación fiscalizaría y vigilaría su ejercicio.
Además se propone la obligatoriedad de elaborar Programas
Anuales de Propaganda de la Administración Pública Federal y de las entidades
federativas, con el propósito de que se cuente con objetivos y parámetros
cuantificables de la política de propaganda gubernamental con base en los
cuales se haría la programación.
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