Bruselas, 30 de junio de
2017
Estimado Dr. Enrique Peña
Nieto
Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos
Nos dirigimos a usted desde
la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en representación de 600.000
trabajadoras y trabajadores de prensa en más de 140 países, para expresar
nuestra consternación e indignación por la alarmante violencia e impunidad que
sufren los y las periodistas en México.
El mundo observa con asombro
como día tras día se suceden ataques que, cada vez con mayor frecuencia,
terminan con el asesinato de un/a comunicador/a sin que nadie sea castigado por
ello.
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| Pedro Pardo / AFP foto |
Cecilio Pineda Birto,
Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximiliano Rodríguez Palacios, Filiberto
Álvarez Landeros, Javier Valdez Cárdenas, Héctor Jonathan Rodríguez y Salvador
Adame Pardo son los ocho nombres que, en los últimos seis meses, han pasado a
engrosar la larga lista de periodistas asesinados en lo que va de su
administración como Presidente de México, y que desde el año 2000 supera el
centenar de muertes.
Este año, además, se
registraron cierres de medios bajo amenaza así como múltiples ataques e
intimidaciones contra comunicadores y comunicadoras.
En el transcurso de estos
difíciles años, la FIP ha acompañado a su afiliado, el Sindicato Nacional de
Redactores de la Prensa (SNRP), en su reclamo permanente a las autoridades
responsables y competentes para la activación de los instrumentos
institucionales que deben velar por la seguridad de los y las periodistas, así
como investigar los crímenes contra la libertad de expresión.
Es realmente preocupante la
escasez de respuestas que, debido a la debilidad de sus partidas
presupuestarias y la falta de voluntad política, viene destinando su gobierno
tanto el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, en lo relativo a la prevención y seguridad de los comunicadores y
comunicadoras, como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en lo que respecta a la
investigación de los delitos perpetrados contra los mismos.
Pese a la valorable creación
de estas instancias públicas, los atentados se incrementan y los crímenes
quedan sin resolver. Una tasa de impunidad que ronda el 99,85% da vía libre a
futuros ataques y ocasiona un virtual estado de censura y autocensura en el
ejercicio de la profesión, sirviendo a los intereses de grupos de poder y dando
por tierra con el derecho de la sociedad a estar debidamente informada.
Prueba de la crisis que
expresa este preocupante panorama es el hecho de que las Naciones Unidas hayan
seleccionado a México entre los cuatro países para aplicar su Plan de Acción en
materia de seguridad de periodistas e impunidad en los crímenes contra la
prensa.
En el marco de un
ensañamiento explícito contra el sector, resulta aberrante que este año no se
le hayan asignado recursos al mencionado Mecanismo y que el mismo se encuentre
subsistiendo con fondos remanentes de partidas presupuestarias previas, según
ha informado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que a su vez destacó
la similar situación de precariedad en que se halla la Fiscalía Especial.
Lamentamos que en el
transcurso de su mandato, lejos de resolverse, el escenario haya empeorado
notablemente, acentuando el entorno de vulnerabilidad dentro del cual se
desempeñan los trabajadores y trabajadoras de prensa.
En este sentido, desde la Federación
Internacional de Periodistas le conminamos, respetuosamente, a que antes de que
concluya su sexenio, haga explícito su compromiso de resolver los 34 crímenes y
tres desapariciones de periodistas perpetrados desde finales de 2012, y se haga
justicia enjuiciando a los autores materiales e intelectuales de los mismos.
Deseamos que esta vez los
anuncios públicos se traduzcan en acciones concretas y, aunque consideramos que
llegan con evidente demora, celebramos las medidas que usted ha dispuesto para
intentar revertir este desolador panorama.
Nos referimos al
fortalecimiento de la estructura y el presupuesto del Mecanismo de Protección
así como del esquema nacional de coordinación con las entidades federativas ya
la creación de un protocolo de acción; al fortalecimiento de la FEADLE,
dotándola de mayor personal y por último, a la coordinación de autoridades
locales y federales para garantizar la atención de los delitos contra
periodistas.
Desde la FIP, en el marco de
la campaña “Protege al mensajero para hacer llegar el mensaje “que iniciamos en
su país en 2008 junto a la Federación de Periodistas de América Latina y el
Caribe (FEPALC), instamos a todas a las autoridades de los distintos órdenes y
niveles del Estado, empezando por la máxima instancia que sobre usted recae,
para que asuman el compromiso ético y político de hacer frente a esta
problemática que afecta no sólo los derechos humanos y laborales de los y las
periodistas, sino que desdibuja la integridad democrática de México.
Anthony Bellanger
Secretario general de
la FIP
