La
Asociación Nacional de Periodistas del Perú condena la retención del equipo
periodístico de Televisa en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Los
periodistas viajaron a Venezuela con el objeto de dar cobertura noticiosa a la
movilización ciudadana programada para hoy miércoles 26 de octubre.
Los
periodistas peruanos, Ricardo Burgos, Leonidas Chávez, Armando Muñoz, Ricardo
Venegas y el argentino Rodrigo Abd permanecen en la sala de Espera del
aeropuerto bajo el argumento de que no cuentan con visa de trabajo que les
permita hacer cobertura informativa a la crisis política que se vive en dicho
país.
Esta actitud
errática de las autoridades venezolanas violenta el derecho a la información y
el trabajo periodístico. Negar el acceso al país a la prensa es propio de
regímenes no democráticos.
Ricardo Burgos corresponsal de televisa |
Para la ANP
este hecho, que se suma a los ataques, hostilización y amenazas que vienen
recibiendo los periodistas venezolanos, objeto de violación de sus libertades
individuales y derechos fundamentales a consecuencia de su labor, afecta
gravemente la nefasta situación del país.
La ANP le
recuerda al gobierno venezolano que las restricciones en la circulación libre
de ideas y opiniones, los "blackout" informativos y la creación de
obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de
expresión.
Esta, además
no es la primera vez que se impide el ingreso de periodistas a territorio
venezolano. El reciente 31 de agosto la periodista Marie Eve Deltoeul, de Le
Monde de Francia, Jim Wyss, del Miami Herald (EEUU), Jhon Otis, de NPR Radio
(EEUU), César Moreno de la Cadena Caracil (Colombia) y tres corresponsales de
la cadena televisiva Al Jazeera, fueron deportados al considerarse personas
"no admisibles" al país.
En razón a
ello, la ANP hace un llamado inmediato al gobierno a garantizar el trabajo de
los periodistas, nacionales y extranjeros y demanda permitir el ingreso de los
periodistas sin la inaudita exigencia de abusiva reglamentación y control.
Para la ANP
presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de
los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión y no
hacen más que evidenciar que el gobierno venezolano mantiene hoy en día una
abierta política contra la libertad de prensa.
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